El caso Caja Libertad, además de poner bajo la lupa a los políticos que aparecen en la denuncia, recuperó algunas historias que quedaron pendientes. Una de ellas se remonta hasta el sexenio de Vicente Fox Quesada y en concreto al que fue su único Secretario de Hacienda: Francisco Gil Díaz. Su hijo hoy enfrenta acusaciones por Oro Negro y su sobrino, Martín Díaz, por Oceanografía y Caja Libertad.
Ciudad de México, 22 de julio (SinEmbargo).- Francisco Gil Díaz, quien fuera el Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de Vicente Fox Quesada y que alguna vez recibió un reconocimiento como el «Secretario de Hacienda del Año para las Américas», hoy se encuentra en la mira del nuevo Gobierno junto con algunos miembros de su familia.
A 14 años de distancia, luego de dejar ese puesto, a Gil Díaz lo han acompañado los señalamientos de presunta corrupción y hoy, su sobrino Martín Díaz Álvarez y su hijo Gonzalo Gil White están implicados en los casos de Oro Negro, Caja Libertad y Oceanografía. Los dos primeros actualmente están siendo investigados.
Para la familia, estas dos últimas semanas fueron de noticias duras. Primero, Martín Díaz Gil figuró entre los negocios de Libertad Servicios Financieros, Sociedad de Ahorro Popular (Sofipo) presidida por Juan Collado y, se presume, de Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari. En la denuncia presentada por el empresario Hugo Bustamante se acusa que esta Sofipo se utilizó para lavar dinero.
Luego, un juez de la Ciudad de México ordenó la detención de Gonzalo Gil White, su hijo, por un presunto desvío de más de 750 millones de pesos en la empresa perforadora y de servicios petroleros, Oro Negro. La orden también alcanzó a José Antonio Cañedo White, su primo.
El inicio de la historia se da a la par de la carrera de Gil Díaz. Su puesto más importante en el sector público fue en la SHCP con Fox, sin embargo, antes, con Carlos Salinas de Gortari, fue el sub secretario de Ingresos de Hacienda, cuando el titular era Pedro Aspe.
Luego tuvo puestos en el sector privado y regresó cuando el panismo tomó el poder y llegó a ser Subgobernador del Banco de México.
El economista ha sido consejero independiente de BBVA Bancomer, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y Consejero de Asesores de Chrysler de México, SSA México (empresa Portuaria) y Grupo ACS México (construcción y servicios).
Finalmente fue nombrado Presidente Ejecutivo de Telefónica en México y Centroamérica y Presidente de Consejo de Grupo Avanzia.
Así, Gil Díaz se convirtió en uno de los funcionarios de la “puerta giratoria” es decir, que pasó con éxito de un cargo público a uno privado para participar en negocios que fueron fructíferos con licitaciones gubernamentales.
Sin embargo, desde ese primer año en que Gil Díaz dejó los puestos de Gobierno, la Secretaría de la Función Pública (SFP), lo investigó porque el banco HSBC en Gran Bretaña lo incitó a ser Consejero Independiente y además porque figuró en una lista de ex funcionarios a los que se les señalaron malos manejos de recursos públicos, en concreto por 200 millones de pesos.
El periódico El Universal reportó el caso que concluyó con una exoneración por parte de la dependencia.
EL CASO ORO NEGRO
Integradora de Servicios Petroleros Oro Negro, S.A.P.I. de C.V., se fundó en julio de 2012 por Gonzalo Gil White y José Antonio Cañedo White, hijo y sobrino de Gil Díaz.
La Reforma Energética de Enrique Peña Nieto significó la obtención de contratos cuantiosos. Por ejemplo, a través de una de sus filiales, obtuvo dos contratos por 4 mil 657 millones 568 mil pesos en un solo día. Y vinieron más contratos: uno de tres mil 201 millones 295 mil pesos y dos semanas después, otro de 3 mil 42 millones 840 mil pesos.
Quien firmó esos contratos fue Carlos Morales Gil, quien de 2004 a 2014 fungió como director de Pemex Exploración y Producción (PEP), y que desde el 15 de febrero de 2015 es el Director de Petrobal, empresa de Enrique Baillères. El director de Pemex era en ese entonces, Emilio Lozoya Austin, quien también se encuentra bajo investigación por tres casos de corrupción: la compra de Agro Nitrogenados, Fertinal y Odebrecht.
De acuerdo con la prensa nacional, la empresa Integradora de Servicios Petroleros Oro Negro, consiguió más de 18 mil millones de pesos en contratos de arrendamiento de sus plataformas marinas.
La debacle vino junto a la crisis económica de Pemex porque se redujo la contratación de plataformas. Aunque hubo procesos de negociación, Oro Negro se declaró insolvente e inició un concurso mercantil en el que denunció que el Deutsche Bank se negó a entregarles dinero por instrucción de los tenedores de bonos, lo que aceleró la situación de quiebra.
Finalmente se le ordenó a Oro Negro entregar a sus tenedores las plataformas Primus, Decus, Ímpetus, Fortius y Laurus; el Poder Judicial de la Federación (TJF) la declaró oficialmente en quiebra y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) calificó de “procedente” y “ajustado a la legalidad” el aseguramiento de las cuentas bancarias de Perforadora Oro Negro y del Fideicomiso F/1695 de Deutsche Bank México.
En 2018 salieron a la luz los manejos irregulares; se acusó, entre otros, a Gonzalo Gil White de fraude en la administración de Oro Negro.
Esta semana, un juez penal adscrito a la Unidad de Gestión Judicial número 12, pidió la aprehensión de José Antonio Cañedo White, Carlos Enrique Williamson Nasi, Alonso del Val Echeverría y Miguel Ángel Villegas Vargas, directivos de la compañía, por abuso de confianza y administración fraudulenta en agravio de sus inversionistas por medio de manejos indebidos de recursos en la administración de Oro Negro.
La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México acusó a los cuatro directivos de efectuar disposiciones ilegales del Fideicomiso F/1695 por más de 750 millones de pesos y solicitó órdenes de aprehensión debido a que los directivos no se encuentran en el país desde hace tiempo.
El diario La Jornada publicó una entrevista con el abogado de cinco empresas afectadas, Guillermo Barradas, en la que explicó que el fraude cometido por Oro Negro, por disposición y transferencia ilegal de recursos, alcanzaría los mil millones de pesos y ameritaría prisión preventiva.
EL SOBRINO EXHONERADO
Sobre el nombre de Martín Díaz Álvarez, sobrino del ex Secretario, hay dos temas: Oceanografía y Caja Libertad y al mismo tiempo, esos dos temas se entrelazan.
En 2017, Amado Yáñez Osuna, ex dueño de la empresa Oceanografía, pagó una fianza de 7.5 millones de pesos para obtener su libertad condicionada luego de pasar en el Reclusorio Sur dos años y medio. Se le consignó en ese entonces de un desvío de 55 millones de pesos de Banamex a su otra empresa AMRH Internacional Soccer, dueña del Club Gallos Blancos de Querétaro.
Dos años después, el equipo de fútbol y Yáñez Osuna aparecieron en la denuncia que el empresario Hugo Bustamante llevó a la FGR y donde detalla todos los actos que se realizaron alrededor de Libertad Servicios Financieros, Sociedad Financiera Popular (Sofipo) que presidió Díaz Álvarez y luego, Juan Collado Mocelo, quien está por cumplir dos semanas preso.
“En el año de 2014 me consta que Libertad [Servicios Financieros] S.A. de C.V. S.F.P., servía para lavar dinero de una persona de nombre Martín Díaz Álvarez (quien era Director General de esta empresa), a través de una empresa cuyo nombre […] recuerdo que contenía la palabra “Dixie”, esa empresa era propiedad del señor Martín Díaz Álvarez y a través de ella se hacían movimientos financieros que también involucraban a una empresa llamada Oceanografía, propiedad del señor Amado Yáñez”.
Rico le habría vendido el equipo de fútbol Gallos Blancos por esa cantidad y la compartió con Juan Collado, cuando el equipo se había adquirido originalmente con créditos de Caja Libertad, “mismos que hasta donde tengo entendido nunca se pagaron”.
De acuerdo con el testimonio de Bustamante, el antecesor de Martín Díaz en la presidencia de Caja Libertad, José Antonio Rico Rico, le habría vendido el equipo de fútbol Gallos Blancos por esa cantidad y la compartió con Juan Collado, cuando el equipo se había adquirido originalmente con créditos de Caja Libertad, “mismos que hasta donde tengo entendido nunca se pagaron”.
En el año 2013 Rico Rico era poseedor y dueño de los Gallos Blancos. Bustamante sostiene que se pudo comprar gracias a los créditos generados en Libertad Servicios Financieros y que se tramitaron por orden e instrucción de él, a nombre de Ario S.A de C.V, Comercializadora y Administradora Cimatario S.A. de C.V. y otras empresas.
“El hecho es que Rico Rico, le vende el equipo a Amado Yáñez, el obscuro propietario de la empresa Oceanografía y empresario que a la postre va a la cárcel, se lo vende en la cantidad de 8 millones de dólares, cantidad que, por boca de Rico Rico, le paga Amado Yáñez, haciendo varias transferencias a cuentas de Rico Rico a bancos del extranjero”, dice la demanda.
Es decir, que el dinero obtenido a través de Libertad Servicios Financieros –cuyos dueños son los socios– pasó a ser propiedad de Rico Rico tras la venta del equipo de futbol.
El relato de Bustamante agrega que el contacto para que Rico Rico y Amado Yáñez se conocieran fue una persona de nombre Martín Díaz Álvarez, otro implicado en el caso de Oceanografía. Este empresario tuvo que salir del país por temor a ser detenido; estuvo fuera dos años, pero luego en 2016, un Tribunal Colegiado canceló la orden de aprehensión en su contra al determinar que no tenía ningún nombramiento en la empresa de Amado Yáñez.
Díaz Álvarez fue Presidente del Consejo de Administración de Caja Libertad cuando ésta enfrentó acusaciones de lavado de dinero, sin embargo, la Comisión Nacional bancaria y de Valores (CNBV), con Jaime González Aguadé como titular, la exculpó de los señalamientos: “Libertad Servicios Financieros no está contaminada por presuntos vínculos con prácticas de lavado de dinero, como se mencionó en algunos medios de comunicación”, dijo.
Sobre Oceanografía, esta empresa prestó servicios a Petróleos Mexicanos (Pemex) durante los sexenios de los panistas Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa y llegó a ser la principal subsidiaria de la petrolera.
De acuerdo con los resultados de las auditorías efectuadas por el órgano interno de control de Pemex, se detectaron anomalías en los montos de las fianzas que Oceanografía debió pagar y que suman 147 millones de pesos, más los casi 3 mil 250 millones de pesos producto de la irregular modificación de contratos con la firma naviera entre 2010 y 2012.
En febrero de 2014 fue acusada de haber incumplido con el pago de las fianzas sobre varios de sus contratos con la petrolera, por lo que fue inhabilitada para que se le otorgaran contratos de Gobierno. Dos semanas después, el conglomerado Citibank informó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que había detectado un presunto fraude en su esquema de “créditos a corto plazo”, por 400 millones de dólares, el cual había disminuido sus ingresos anuales de 2013 por 235 millones de dólares.
